Katia D’ArtiguesEl Universal
Viernes 07 de mayo de 2010
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El 3 de mayo se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad de la ONU, el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI que compromete al Estado mexicano a cambiar su forma de ver y actuar hacia y con las personas con discapacidad.
¿En qué momento está México en este proceso que implica un cambio cultural, de paradigma? ¿Qué ya se ha hecho y qué falta por hacer? ¿Qué acciones está implementando el gobierno y en particular el Conadis (Consejo Nacional para las personas con discapacidad), para lograr estos objetivos? A estas preguntas responde Myriam Arabian, la secretaria técnica del Conadis, quien en 2010 tiene la responsabilidad de ejercer el presupuesto de 250 millones de pesos.
Nuevas leyes en la materia:
Abrazar la Convención implica hacer un ejercicio de armonización de leyes federales y estatales completo. Modificar todas aquellas leyes que tengan términos viejos como “minusválidos” o incluso “capacidades diferentes” y que no hagan eco de la Convención. En México, está además el hecho de que la vigente Ley general para personas con discapacidad no está en completa sintonía con la Convención y peor, que a cinco años de su publicación no está reglamentada. Aunado a ello, ya hay varias iniciativas -dos en la Cámara de diputados y una en la de senadores- que plantean reformar la misma ley.
Arabian dice que aunque reconoce la necesidad de una nueva ley, no se esperarán a que se dé, y ya están trabajando en que ésta, aunque imperfecta, esté reglamentada. Depende sólo del trabajo del gobierno federal y espera que este lista “en unos meses”. Actualmente hay varias iniciativas que plantean una nueva Ley. Una se presentó ayer en la Comisión Permanente, apoyada por senadores y diputados panistas presididos por el senador Guillermo Tamborrell y turnada a la Cámara de diputados; otra la presentó la diputada del PRD, Claudia Anaya; una tercera la presentó Yolanda de la Torre, diputada del PRI, en los últimos días de sesiones.
Arabian acepta que la convence más la iniciativa presentada por Tamborrell, aunque también es partidaria de crear un Sistema Nacional para personas con discapacidad, como lo plantea la iniciativa de Anaya. Pero es escéptica con respecto a un cambio de legislación: “No creo que vaya a pasar nada. Lo veo complicadísimo porque hay posiciones muy enconadas, sobre todo del PRI. Yo no tengo ningún problema si deciden que desaparezca el Conadis o que pase al Conapred o a equis. Lo que se necesita es impulsar una institución con fuerza. Ahorita sí tiene el apoyo de Presidencia, pero supongamos que no lo tenga, que cambia el sexenio y no es una prioridad. Es el momento para tener la institución que garantice la continuidad”.
Y con respecto a la armonización hay varios documentos ya: el compendio de legislación mexicana realizado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), presentado en diciembre pasado, y un estudio que actualmente hace Lídice Rincón Gallardo, presidenta de la Fundación Rincón Gallardo, junto con el Conadis para analizar las leyes generales y modificarlas.
Otra área de atención adicional son las nuevas leyes: deben estar en sintonía con la Convención.
“Sí es muy complejo: son los códigos civiles, los códigos penales, es más en un país donde tienes un sistema federal, porque un país con un sistema central es más sencillo. Aquí no es nada más las federales, tienes que hacer además todas las estatales”, comenta.
Presupuesto y planes:
Por el limbo legal en el que está el Conadis -hay un secretariado técnico que depende de Salud, pero el ejecutivo es del DIF, además de que la ley no está reglamentada- el año pasado hubo un fuerte debate en la Cámara de diputados que casi deja sin presupuesto al Conadis.
Gracias a presiones de la sociedad civil esto no fue así, por el contrario, tienen un presupuesto histórico: 250 millones de pesos, además de dos millones para gastos de operación y seis para nómina. ¿Cómo planean ejercerlo? Arabian traza los seis ejes en los que trabaja el Conadis, además del informe y el apoyo para el INEGI -que este año censa- para que las personas con discapacidad estén bien contadas y no se vuelva a repetir lo que pasó en 2000, que sólo registró a 1.8% de PcD’s en el país, cuando la media internacional es de 10%.
“(Que no lleguemos al porcentaje internacional) es una combinación. Algunos creen que es ‘por castigo divino’, porque se avergüenzan, otros porque no saben qué es una discapacidad, otros porque piensan: ‘Él qué, no va ni a ir al colegio, para qué lo cuentan’… no puede existir 1,8 %, es mucho más… aunque el INEGI sigue diciendo que en sus pilotos les ha salido 5%”, dice. Una vez hecho el censo, en 2011 se planea hacer una Encuesta nacional sobre discapacidad que permitirá detectar qué personas existen en el país, con qué discapacidad específica, qué nivel de acceso a la salud, escolaridad, trabajo y necesidades en general tienen.
La labor actual:
Los cinco ejes en los que actualmente trabaja en Conadis son.-
1) Sistema Nacional de información sobre discapacidad. El primer producto será Discatel, un número 01800 que comenzará a funcionar el 1 de junio. Ahí, desde cualquier lugar de la República, una persona con discapacidad o sus familiares podrá hablar para saber sus derechos y también los servicios que están cercanos a su lugar de origen. Discatel es el primer paso, se está trabajando en la sistematización de toda la información sobre discapacidad (servicios gubernamentales, Osc’s, legislación, trabajos académicos) que estarán disponibles en una segunda fase.
2) Registro Nacional de personas con discapacidad. Tendrá que hacerse por ley: que toda persona con discapacidad al nacer, adquirir una enfermedad que lo discapacite o tenga un accidente, se registre vía el sistema de Salud.
3) Programa Nacional de Accesibilidad, que en realidad es sólo un manual de cómo hacer espacios y edificios públicos accesibles a todas las discapacidades. No sólo desde el ámbito físico, sino también de tecnologías de información e incluso formatos e información en español sencillo para gente con discapacidad intelectual. Se buscará también que se vuelva una norma oficial mexicana.
4) Una estrategia de promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Analizan cómo hacerlo, pero saben que es básico para permitir que los espacios se abran y aplique la Convención.
5) Polos de inclusión educativa. Se ha detectado que las personas con discapacidad tienden a quedarse en educación básica porque no hay planteles adecuados físicamente para ellos ni preparados humanamente, independientemente de qué diga la ley, que los incluye en el mismo salón con los demás alumnos.
Por eso, junto con la SEP se está creando el concepto “polos de inclusión educativa”. Por ahora será un grupo de escuelas cercanas entre sí y adecuadas profesionalmente con recursos federales e incentivos económicos, desde el kinder hasta la universidad o carreras técnicas. Se planea crear, para empezar, un polo inclusivo por estado, unas 200 escuelas en el país. Y así poco a poco potenciarlo y reducir la educación especial.
“Hay estadísticas que te dicen que 70% puede estar en una escuela regular y 30% en una especial. Cuando ahora es al revés”, dice Arabian, quien lleva casi 10 meses en el cargo. Comenta que está segura que sólo atacando el reto de la discapacidad se logrará combatir la pobreza y hace énfasis en la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso. La principal barrera que ha encontrado, dice, para comenzar a hacer esto realidad es resistencia al cambio de todos los sectores hacia esta nueva actitud.
“Ha sido difícil dentro de las mismas secretarías, dentro de los mismos compañeros de gabinete el ver que la discapacidad es un tema de derecho, no es un tema de ‘dáselo a las organizaciones para que hagan un fund raising’. Reconocer eso pues no es fácil, ni desde quienes hacen las políticas, ni desde las propias personas con discapacidad. Algunas no se sienten dignas de los propios derechos y siguen con el mismo esquema de asistencialismo de ‘yo porqué, estoy bien así’”.
El reto, comenta, es que no quede una persona, un niño con discapacidad sin atención, sin la oportunidad, sin ejercer sus derechos. “Estás hablando de vidas humanas, aquí no te puedes permitir que en el sexenio que entra a lo mejor”.
