El Universal
Domingo 03 de enero de 2010
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Cuando la nave robot ZEUS transmitió las imágenes en las que podían apreciarse algunas monedas antiguas incrustadas en el lecho del Atlántico, la tripulación del barco Odyssey Explorer estalló en júbilo. Esa mañana de abril de 2007 acababa de ser descubierta una maravillosa cápsula del tiempo con valiosos restos arqueológicos de la flota imperial española. En ese naufragio se había ido al fondo del mar un espectacular tesoro de más de 500 mil monedas de oro y plata. En total, 17 toneladas de reales de plata y escudos de oro acuñados en el virreinato del Perú a principios del siglo XIX. Aquella era una escena emocionante que fue grabada para incluirla en el documental Treasure Quest (búsqueda del tesoro), una serie de la productora JWM cuya primera temporada fue transmitida por Discovery Channel en el 2009.
Pero ese descubrimiento quizá no será conocido por la posteridad como una hazaña de la arqueología subacuática, sino como un espectacular expolio de vestigios arqueológicos submarinos. La decisión para que una u otra cosa suceda la tomará un juez en la Suprema Corte de Estados Unidos, el país donde la compañía Odyssey Marine Exploration ha llevado el pleito legal contra el Estado español, la contraparte que reclama los derechos sobre el pecio de Nuestra Señora de las Mercedes o La Mercedes, una fragata que, según los europeos, fue rebautizada como Black Swan por los exploradores estadounidenses para camuflar un rescate ilícito.
Justicia navideña
En víspera de la Nochebuena, el pasado 23 de diciembre los españoles recibieron desde Tampa, Florida, un regalo navideño del juez Steven D. Merryday. Según las evidencias estudiadas por el magistrado, la nave hundida no es otra que La Mercedes, un buque de guerra cuyos restos, de acuerdo con las leyes marítimas vigentes, son patrimonio español. Merryday es el segundo juez estadounidense que se manifiesta a favor del reclamo españo y en Madrid confían en que todas las intancias a las que apele la Odyssey Marine Exploration se dictará un veredicto que favorecerá los intereses del país europeo.
“España ha entregado la documentación que le pidió el tribunal en la que teníamos que argumentar de qué barco se trataba con todo tipo de pruebas. Testificamos y justificamos que es un buque español. No hay mucho problema en que realmente se gane el juicio porque Estados Unidos considera que los buques de bandera, los buques de guerra, son buques del Estado que enarbola la bandera, esa es su jurisprudencia. En este caso es un buque español y suponemos que la decisión del Tribunal Supremo será la misma que hubo en el caso de los barcos El Juno y La Galga”, explica Elisa de Cabo, consejera técnica de la Subdirección General de Patrimonio Histórico de España, entrevistada en la ciudad de México hace algunos meses, cuando todavía no se dictaban las sentencias a favor del Estado español
El Juno y La Galga, los barcos a los que se refiere la funcionaria española, fueron motivo de juicios anteriores entre su país y Sea Hunt, una empresa cazatesoros que pretendió reclamar como suyos los restos de dos fragatas hundidas con miles de monedas de plata en sus bodegas frente a la costas de Virginia. Finalmente, en febrero de 2001 el Tribunal Supremo de Estados Unidos negó el derecho de la empresa Sea Hunt de sacar del fondo del mar los restos y presuntos tesoros de las naves hundidas.
“El Tribunal Supremo le dio la propiedad a España porque eran galeones españoles y los objetos que se encontraron hoy están en un parque nacional en Estados Unidos. España fue a verlos y están debidamente catalogados, inventariados, protegidos, y España se ha traído un ancla para exponer en el museo de arqueología marítima de Cartagena, con el fin de explicar la historia de esos barcos”, dice Elisa de Cabo.
Patrimonio compartido
Que aquellos vestigios arqueológicos de La Galga y El Juno quedaran en custodia de Estados Unidos para los españoles es lo de menos. Lo importante fue sentar jurisprudencia para que las empresas cazatesoros con base en la Unión Americana no puedan apropiarse del patrimonio histórico submarino de una nación, como dicta el espíritu de la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático que entró en vigor a principios de 2009, pero que las autoridades de Estados Unidos se han negado a suscribir.
“Es un patrimonio compartido. De lo que se trata es de protegerlo; la convención no habla de que los vestigios sean de una determinada nación sino que son un patrimonio cultural común, y señala que, a la hora de proteger un pecio, se tomen en cuenta los derechos de origen, cultural, histórico o arqueológico, de cualquier Estado”, dice la jurista. Pero los objetivos de Odyssey Marine Exploration no son desinteresados y nobles como los que guían la convención de la Unesco. Esta empresa creada en Nevada en 1986, con sede en Tampa, invierte millones de dólares en sus prospectivas y expediciones con el fin de explotar yacimientos arqueológicos submarinos como si se tratara de minas.
Según sus fundadores, John C. Morris y Greg Stemm, la empresa busca conciliar las buenas prácticas arqueológicas con los negocios rentables, un objetivo que hoy por hoy tiene más críticos que seguidores entre la comunidad arqueológica mundial. De hecho, la propia Odyssey Marine Exploration ha ayudado a que más de un escéptico tomara partido en su contra cuando Discovery Channel transmitió Treasure Quest, una serie documental que evita la crítica hacia el trabajo de los exploradores, pero que retrata de pies a cabeza las pasiones e intereses de los aventureros.
Más que una misión científica, los entusiastas tripulantes del Odyssey Explorer quedaron exhibidos como un ambicioso equipo de cazadores de tesoros en el documental Treasure Quest. Ese mismo personal hasta hace poco soñó con explorar en las aguas de la sonda de Campeche para sacar los vestigios de la nave almiranta Nuestra Señora del Juncal, un galeón hundido en 1631. Sin embargo, el INAH negó la solicitud de exploración en febrero de este año.
Cazatesoros en acción
Cuando el robot ZEUS hizo el gran descubrimiento de los restos de La Mercedes, la tripulación puso manos a la obra. El tiempo era oro debido a los altos costos de la misión y apenas si se tomaron fotografías para estudiar la condiciones físicas del área de trabajo más que para dejar testimonio de lo que los especialistas llaman “el contexto arqueológico”.
De hecho, el contexto arqueológico fue arrasado sin miramientos para subir a toda prisa hacia la superficie cuanto fuera posible; en primer lugar, los metales preciosos. De acuerdo con información que la prensa española obtuvo de la aduana de Gibraltar, los aventureros estadounidenses reportaron, entre otros objetos rescatados, 10,090 monedas de plata, 203 escudos de oro, 200 lingotes de cobre, tres cajas de oro y dos lingotes de estaño. Desde ese enclave al sur de España, que se encuentra bajo soberanía británica, la compañía envió a Estados Unidos el botín por vía aérea el 17 de mayo de 2007; cuando estuvieron seguros de que la carga había aterrizado sana y salva, se dio a conocer el hallazgo ante la prensa mundial.
En ese momento ,el precio de las acciones de la compañía, que cotiza en el Nasdaq, se disparó de los 4.32 dólares por unidad a los 8.32 dólares. Para la Odyssey Marine Exploration la publicidad para atraer inversionistas ha sido fundamental, pero también ha padecido su doble filo. Una vez que España siguió el juicio en Tampa con buenos resultados, la compañía comenzó a ver cómo se desplomaban sus expectativas en la Bolsa. Así, también en el negocio de los cazatesoros pegó la crisis. Hoy las acciones de la empresa cotizan a 1.45 dólares por unidad y la tendencia es a la baja.
Ahora a más tardar en la primera semana de enero la Odyssey Marine Exploration puede apelar la sentencia del juez de Tampa. Lo más probable es que recurra al Tribunal Supremo de Estados Unidos para reclamar la propiedad sobre la carga de La Mercedes. Pero eso es algo que los españoles no están dispuestos a permitir de ninguna manera. “El patrimonio subacuático es un bien común, pertenece a los Estados y a los ciudadanos no a las empresas cazatesoros. Es un bien de dominio público y no se puede comercializar”, advierte Elisa de Cabo. Y los precedentes judiciales auguran que los cazatesoros del Odyssey se quedarán con las manos vacías al menos en el caso de La Mercedes.